Ortega quiere dejar sin nacionalidad a miles de nicaragüenses

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reformó la Constitución de Nicaragua para prohibir la doble nacionalidad, una medida que consolida el uso de la nacionalidad como herramienta de castigo político. La reforma establece que cualquier nicaragüense que adquiera otra nacionalidad perderá automáticamente la suya. Desde 2023, al menos 451 personas han sido despojadas de su nacionalidad, muchas de ellas sin tener otra ciudadanía, lo que las dejó en condición de apatridia. Aunque la Constitución prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes, el régimen ha actuado al margen de la legalidad, incluso violando su propia normativa anterior que protegía la nacionalidad como derecho irrenunciable.

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La reforma también crea una contradicción al permitir que ciudadanos centroamericanos obtengan la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a la suya, mientras que a los nicaragüenses se les niega ese derecho. Este cambio marca un retroceso respecto a la Constitución de 1987, que reconocía la doble nacionalidad. Además, ubica a Nicaragua en un grupo reducido de países con severas restricciones sobre este derecho, lo que puede derivar en violaciones de derechos fundamentales como la identidad, la libre circulación y la propiedad. La reforma refleja una deriva autoritaria similar a la de la dictadura somocista del siglo XX.